Las heridas abiertas de Perú

El primer día de julio de 1983, a las tres de la mañana, siete personas irrumpieron en la casa de Sergia Flores. Se llevaron a su marido.

Eran militares.

“Yo estaba detrás de mi esposo. No había luz, y mi marido me dijo que encendiera velas para poder ver. Se echó las manos a la nuca y lo sacaron al patio”. A las siete de la mañana,le llevó el desayuno -fritura con arroz y huevos- al puesto policial. Pero le dijeron que allí no estaba. No volvió a saber nada más.

Al hermano de Juana Carrión también se lo llevaron una noche de verano de 1984: salió a sacar dinero del banco porque al día siguiente Sendero Luminoso había decretado un paro armado en Ayacucho. Ricardo no regresó a casa. Era artesano, tenía dos hijos y 28 años.

“Pusimos la denuncia en la fiscalía, pero no os daban información. Hasta ahora. En 1989, a mi otro hermano le sacaron de casa a las seis y media de la mañana, militares cubiertos con pasamontañas. Entraron a la casa por dos entradas hablando groserías: '¡abre carajo!'. Mi hermano no dijo nada, les acompaño. Le seguimos, pero no nos dejaron ir detrás”.

La violencia dejó en Perú 70.000 víctimas entre 1980 y el año 2000. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) atribuyó a las diferentes instituciones del Estado el 37% de las víctimas. Muchas se quejan: creen que el Estado mató a más gente. Casi la mitad de las víctimas eran de Ayacucho, el departamento andino donde Sergia, Juana y miles de personas siguen viviendo, recordando los horrores.

Ingenuamente les pregunto a ellas, y a otras, si algo así, pasados tantos años, no se hace llevadero. Claro que no, responden entre lágrimas. Son víctimas del terror propiciado por dos bandos, en el medio del cual se encontraban: en la lucha entre subversivos y el Estado, unos les mataban por no adherirse a su sueño revolucionario y otros porque los acusaban de soñar con lo que realmente detestaban.

Al Estado le sigue reclamando una atención que, dicen, les niega. Mientras los terroristas purgan condena, los responsables que dieron orden de secuestrar, torturar y matar a miles de personas, siguen impunes o en paradero desconocido.